Opinión


29/03/17

Javier Domenech

  1. La maté por que era mía

    “…y si volviera a nacer, mil veces la mataría”.

    Copla popular

    Día tras día llegan las dramáticas noticias sobre mujeres asesinadas por sus parejas. Día tras día, asistimos a las mismas concentraciones de repudio. Y día tras día nos empeñamos en elaborar nuevas leyes que acabe con la lacra. El tema ha pasado de aparecer en las páginas de sucesos a convertirse en un estado de alarma e irritación, en la que policías, jueces, políticos y víctimas, se echan en cara las ineficaces medidas de protección o prevención. Más de 24 millones de euros  se emplean en sistemas de vigilancia, teléfonos de asistencia y centros de ayuda, pero la escalada prosigue. Solo el pasado año hubo 57 víctimas, sin contar con los miles de agresiones no mortales, con menos de una cuarta parte denunciadas previamente, y sigue el  ascenso.

    Cuando ocurre  uno de estos  crímenes, aparte de los  detalles de dónde y cómo se cometió, de si existía o no denuncia previa, hay algo que sistemáticamente se oculta: la identidad del responsable. No me refiero a su nombre y apellidos, ni siquiera a su foto con o sin el rostro cubierto. Hablo de su nacionalidad de origen. Ya me veo  acusado de xenófobo, pero las cifras son claras y tozudas. Una gran parte de esta violencia tiene como protagonistas a personas de  entornos culturales diferentes en este aspecto a los nuestros, donde el papel de la mujer  es secundario y sometida al hombre. En casi  un tercio de los casos ocurridos  las víctimas o los agresores provienen de Sudamérica, Europa Oriental o del continente africano. Y son precisamente  las regiones con más población inmigrante las que sufren la mayor incidencia: Andalucía, Levante, Cataluña y Canarias. Esta es la realidad que se esconde bajo el drama de la violencia de género.

    Aunque sigamos elaborando leyes, las agresiones persistirán en tanto exista una numerosa colonia portadora de otros valores culturales que nos son ajenos  o, en el mejor de los casos, similares a los que teníamos hace muchísimos años. Tras acogerlos, en vez de impregnarles con nuestra concepción ética de la vida, seguimos una política de tolerancia y aceptación de costumbres que chocan con nuestra forma de entender  la convivencia, los derechos humanos y la igualdad de sexos, lo que frecuentemente  conlleva al mantenimiento de costumbres y hábitos  muy distintos.

    No es cierto que el machismo y las prácticas violentas hacia la mujer hayan aumentado entre los españoles, pese a la facilidad con que se concede la nacionalidad a cualquier recién llegado. De hecho ocurre lo contrario. Según los datos aportados por el Observatorio de Violencia de Género, 790 mujeres han sido asesinadas por sus parejas desde el año 2003 y se ha pasado de un 14 % de encarcelados de origen extranjero al 38 % en el 2010. Es decir que se han multiplicado por tres en ese periodo de tiempo, en tanto que los  de origen español se redujeron desde el 86 al 60 %, ocurriendo estas últimas mayoritariamente entre la población  de mayor edad y en ámbitos rurales. Sin embargo, políticos, periodistas y organizaciones feministas jamás mencionan la nacionalidad ni el origen cultural de los agresores. Y si alguien osa decir que hay una mayor incidencia entre la población extranjera residente  en España, rápidamente es tachado de racista.

    Cuando se hace un análisis de cualquier tipo de delito, las medidas preventivas deben dirigirse a la raíz del problema, pero si  no somos capaces  de mostrar los grupos sociales con mayor riesgo, de poco servirán las leyes que se elaboren. No es a base de éstas como se cambia una cultura. Si seguimos aceptando como tolerables las costumbres de aquellos que se resisten a aceptar los valores de la sociedad adonde acuden y contemplan a la mujer como si se tratase de una posesión de derecho, disponiendo de ella o pudiéndola matar "porque era mía" , como decía la vieja copla seguiremos clamando en el desierto y  lamentando el constante goteo de muertes. Por muchas leyes que elaboremos.

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