Ana Belén Álvarez destaca el gran esfuerzo de Políticas Sociales para paliar los efectos de la COVID-19 entre los colectivos más vulnerables

Así lo ha manifestado en el Consejo Asesor de Servicios Sociales cuya reunión ha presidido hoy, que se ha celebrado de forma telemática como consecuencia de la pandemia y en el que están representados, además de la Administración autonómica, ayuntamientos, representantes de los agentes sociales (CEOE/CEPYME, UGT y CCOO), las entidades del tercer sector que trabajan en la Dependencia, así como la Unión de Consumidores de Cantabria.

La consejera, a quien acompañaba el director general de Políticas Sociales, Julio Soto; la directora del ICASS, Maria Antonia Mora, y la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego, ha informado de la situación de los Servicios y prestaciones en Cantabria vinculadas a la Ley de Dependencia y ha presentado la memoria de actividades en relación con la pandemia de Covid-19 que ha realizado el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), entre otros asuntos.

7,24 millones para frenar los efectos del covid-19

Ana Belén Álvarez ha presentado al Consejo los datos de la memoria de actividades en relación con la pandemia Covid-19, que ha supuesto un gasto directo de 7.273.670 euros extra al ICCAS, destinados a ayudar a los colectivos más vulnerables y a mantener la calidad de la atención residencial.

“Hemos hecho un tremendo esfuerzo para intentar llegar a todos los colectivos y vamos a seguir haciéndolo”, ha dicho la consejera, quien ha señalado el ingente trabajo de coordinación y recogida de información entre la Administración, los centros residenciales, particulares, servicios sociales de los ayuntamientos, y entidades del tercer sector, “para que ningún ciudadano se quede sin atender”.

Entre las medidas extraordinarias, la consejera ha citado los 1,53 millones a la ampliación de ayudas a las familias con menores que reciben la Renta Social Básica; los 284.000 euros para alojamiento de personas sin hogar; 4 millones a indemnizar a los distintos centros residenciales y centros de día de atención a mayores y a la Dependencia; 475.723 euros en desinfección de residencias y 247.321 euros para atender la alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad afectados por el cierre de centros educativos, entre otras.

Más plazas concertadas en residencias

Con relación a los servicios y prestaciones, la consejera ha explicado que su departamento ha seguido ampliando la partida destinada a plazas concertadas con lo que actualmente Cantabria cuenta con 6.211 plazas públicas y concertadas en residencias de mayores; 1.531 en centros de día; 1.044 plazas para residencias de Discapacidad (en sus distintas modalidades); y 1.545 en centros ocupacionales y de día para este colectivo.

Aunque la demanda está aumentando, Cantabria cuenta en estos momentos con plazas vacantes, y la lista de espera se reduce al Área de Santander debido a que la demanda de los ciudadanos específicamente es para un centro en concreto y se descartan los demás.

En la reunión se han presentado los datos del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad) relativos a Cantabria, que a 31 de marzo de este año reflejan 22.253 solicitudes presentadas, el 3,82% de la población total de la Comunidad Autónoma. De estas solicitudes se han resuelto el 97,64%, con un total de 17.931 personas con derecho a prestación lo que supone el 82,52% del total de los expedientes resueltos.

Durante la reunión del Consejo, se ha facilitado información sobre los ejes estratégicos enmarcados dentro de los fondos europeos extraordinarios Next Generation que se van a destinar a la economía de los cuidados.

La consejera ha explicado que Cantabria presenta seis ejes programáticos al denominado ‘Plan de Choque para la Economía de los Cuidados y Refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión 2021- 2023’ con el objetivo de desarrollar plenamente el Sistema de Servicios Sociales de Cantabria.