El Gobierno autonómico requerirá al Ministerio el coste de la implantación de la nueva organización judicial en Cantabria

Así lo ha anunciado la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, tras visitar hoy el Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, que, desde el 1 de julio, ya está adaptado a la nueva organización judicial impuesta por la Ley de Eficiencia Judicial.

"Una vez que sepamos hasta donde llega el gasto –cuando finalice la implantación en el partido judicial de Santander, cuya adaptación está prevista el 1 de enero- vamos a requerir formalmente que lo pague el Gobierno central, dado que el nuevo modelo es una imposición de la ley y el traspaso de las competencias en materia de justicia avala la revisión del coste efectivo anual de los medios", ha indicado Urrutia.

La consejera ha argumentado que los acuerdos de transferencias a la comunidad autónoma de las competencias de justicia incluyen que cualquier modificación que supusiese un gasto mayor para Cantabria "tenía que ser modificada y negociada".

En esta iniciativa de Cantabria, Isabel Urrutia espera contar con el apoyo de los grupos políticos de Cantabria. "Espero que nos acompañen" en este requerimiento al Ministerio y ha recordado que los cántabros están haciendo "una doble inversión". "Al final como cántabros estamos pagando la reforma judicial como comunidad autónoma y, a la vez, la realizada por el Gobierno central en las comunidades gestionadas por el Ministerio", ha señalado la consejera, quien ha insistido por ello que esto "lo tiene que afrontar el Estado".

En este punto, ha lamentado que por el momento el Ministerio no esté "por la labor" de sufragar el coste adicional de la reforma y ha recordado la posición común de las comunidades autónomas que se plantaron en la Conferencia Sectorial de abril ante el ministro Bolaños por no abordar las cuestiones esenciales de la ley, como es el caso de la financiación.

"Ha sido un año muy duro para la Administración de Justicia", ha subrayado Urrutia, tras lo que ha agradecido la labor "ejemplar" y la colaboración de los trabajadores, jueces, fiscales y del resto de operadores para cumplir con el proceso de implantación de la nueva organización judicial.  

A su juicio, Cantabria "va a ser ejemplo a nivel nacional" de la implantación de la nueva estructura judicial y cumplirá los plazos. Ha informado que en estos momentos el Gobierno autonómico se centra en la ejecución de la tercera fase con la adaptación del partido judicial de Santander, que es "más grande y costoso", pero que ha considerado que se llegará a tiempo y se cumplirá con el plazo del 1 de enero, frente a otros territorios que han pedido ya una ampliación de tiempo.

Mejora de la sede y más personal en la sede judicial de Medio Cudeyo

La nueva estructura judicial de Medio Cudeyo de tribunal de instancia y una oficina judicial que asiste a los dos jueces de este partido judicial ya está plenamente implantada y funcionado "con normalidad", en palabras de la consejera.

En concreto, el Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo está compuesto por dos plazas de jueces y una sección única civil y de instrucción con competencias en materia de violencia de género. En dicha sede se emplaza también la oficina general del registro civil del partido judicial, dotado con un gestor y un tramitador. Por su parte, el Servicio Común de Tramitación, que bajo la dirección de una letrada de la Administración de Justicia sirve de apoyo a la función jurisdiccional del Tribunal, está compuesto por 4 gestores, 7 tramitadores y 4 auxilios judiciales, una plantilla que se ha reforzado desde el último mes con más personal.

La consejera de Justicia ha anunciado en su visita que el Gobierno de Cantabria mejorará además las dependencias de esta sede judicial y adaptará los espacios del edificio que todavía están en obras. 

En este contexto, ha apuntado que los presupuestos de 2026 contarán 2,1 millones de euros en inversión, un 64 por ciento más, partida que es la mayor de la historia tras la ejecución de la reforma del convento de Las Clarisas con la que hacer frente a la mejora de las sedes judiciales. 

Igualmente, ha apuntado que para 2026 los presupuestos generales de la comunidad prevén "más recursos que nunca" para la Administración de Justicia autonómica, que servirán para cumplir con los compromisos del Pacto para la Justicia, continuar con la adecuación retributiva pactada para los funcionarios y mejorar los medios materiales de este servicio público.