El Gobierno inicia el proceso para elaborar una nueva ley de prevención y control ambiental en Cantabria

Ajustándose al marco básico estatal en materia de prevención y control ambiental, la nueva normativa también persigue, entre otros objetivos, la utilización racional de los recursos naturales; la coordinación entre las administraciones; la simplificación de los trámites administrativos sin deterioro de la seguridad jurídica ni riesgos para el medio ambiente; la contribución eficiente de las técnicas de prevención y control a un desarrollo regional sostenible, y a reforzar la aportación de Cantabria a la lucha contra el cambio climático.

De igual modo, pretende promover la prevención como herramienta clave para evitar la producción de daños ambientales; el control e inspección ambiental para identificar precozmente posibles daños y al causante de estos para que asuma las correspondientes responsabilidades, así como la transparencia, la información y la participación pública.

Para ello, actualizará la vigente Ley 17/2006 de Control Ambiental Integrado de Cantabria, con un nuevo contenido con el que adecuar el marco normativo autonómico a las previsiones de la normativa básica estatal en la materia, evitando duplicidades innecesarias y reforzando el uso de los mecanismos de simplificación administrativa que permite la normativa en materia de procedimiento administrativo común y régimen jurídico de las administraciones públicas.

Tal y como ha explicado el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, “queremos que sea una nueva ley que refuerce el compromiso de Cantabria con la protección del medio ambiente por su importancia esencial como principio rector básico de la política social y económica que debe regir las actuaciones de los poderes públicos”.

“En estos momentos es necesario elaborar una nueva ley sobre prevención y control ambiental para poder alinear la normativa de Cantabria con las directivas europeas y la legislación básica estatal, reforzando las actuaciones en materia de prevención del daño ambiental mediante técnicas adecuadas y de control de las actividades que puedan tener un impacto sobre la calidad ambiental de la región”, ha opinado Blanco.

También ha considerado oportuno consolidar en la nueva norma la obligación de informar a la ciudadanía sobre el estado del medio ambiente de la región “desde una visión integrada e integradora más allá de los procedimientos reglados ya establecidos en la diferente legislación existente”.

Para Blanco, “Cantabria necesita de un instrumento adecuado para lograr los nuevos retos que la Declaración de Emergencia Climática para Cantabria plantea en materia de lucha contra el cambio climático, la economía circular y la bioeconomía”.

Consulta pública previa

La Consejería de Medio Ambiente ha abierto un plazo de 30 días hábiles a contar desde la publicación de la resolución en el BOC para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Las aportaciones y opiniones deberán realizarse por escrito y dirigirse a la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de la dirección de correo electrónico dgmedionatural@cantabria.es, en el registro de la Consejería o en cualquier otro permitido por la actual normativa. También se podrán presentar en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria, en el que también se publicará la presente resolución.

La publicación en el BOC de la resolución con la que se somete a consulta pública previa el anteproyecto de Ley de Prevención y Control Ambiental de Cantabria supone, según ha destacado Guillermo Blanco, “dar los primeros pasos para cumplir con uno de mis compromisos de legislatura”.

Con la redacción de una nueva ley se garantiza, ha dicho el consejero, “la calidad ambiental, dando prioridad a la prevención y fortaleciendo los mecanismos de control, seguimiento e información a la ciudadanía”.

También pretende dar plena seguridad jurídica a todos los actores intervinientes, tales como empresas, administraciones, asociaciones y ciudadanos, entre otros, así como simplificar procedimientos administrativos, mediante la eliminación de redundancias y la disposición de mecanismos como la declaración responsable, además de generalizar las tramitaciones electrónicas en todo tipo de expedientes.

“Iniciamos ahora un camino que nos debe llevar en la presente legislatura a disponer de una nueva ley que haya sido el resultado del mayor consenso posible y, por supuesto, de una participación pública que vaya más allá de la reglada por la normativa”, ha subrayado el consejero, quien ha avanzado que durante los próximos meses se establecerán mesas de participación y de trabajo.