El Parlamento catalán recurrirá ante el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155

La Diputación Permanente del Parlament ha aprobado este miércoles con el apoyo de JpSí y SíQueEsPot y la abstención de la CUP llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) la aplicación del Gobierno central en Cataluña del artículo 155 de la Constitución que ha intervenido la autonomía catalana.

JpSí pidió en noviembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155 y el órgano consultivo de la Generalitat falló que era susceptible de ser recurrido porque, por ejemplo, sostuvo que el cese del Govern que impuso el Gobierno central no era una «medida necesaria o indispensable».

Cs, PSC y PP han votado en contra de recurrir al Alto Tribunal la aplicación del 155 porque defienden que era necesario tras la proclamación de la independencia en el Parlament.

En su argumentación, Lluís Corominas (JPSí) ha asegurado que el Gobierno, en aplicación del 155, disolvió el Parlament y cesó al Govern «de manera anómala y en contra de la ley, mediante una interpretación excesiva» y un «abuso» de dicho artículo, lo que supone una «vulneración del ordenamiento legal».

«De la literalidad del 155 en ningún caso se puede presuponer que pueda sustituirse al presidente de la Generalitat y disolverse el Parlament. De todo lo relativo a los derechos fundamentales, si no está expresamente escrito o prohibido, no puede hacerse una interpretación extensiva», ha recalcado Corominas, que ha acusado al Estado de abusar del 155.

«Normalidad democrática»

La diputada de SíQueEsPot Marta Ribas ha exigido la suspensión inmediata del 155 para recuperar el autogobierno catalán y volver a una «normalidad democrática» que lleve a la búsqueda de soluciones políticas a través del diálogo y en la que se olviden vías unilaterales, juzgados y la policía.

Además de recordar el recurso presentado por Podemos al TC por la misma cuestión, ha opinado que el 155 ha traspasado límites democráticos, estatutarios y constitucionales, y ha argumentado la necesidad de aclarar los límites de su aplicación, sentar jurisprudencia y evitar tentaciones de querer aplicarlo a otros gobiernos autonómicos «por no ser suficientemente complacientes con el Estado».

Desde la CUP, la diputada Gabriela Serra ha justificado la abstención de su grupo porque no reconocen en el TC ninguna competencia ni autoridad, y ha negado que el 155 sea el despliegue de un artículo de la Constitución porque es «un golpe de Estado» contra la instituciones catalanas.

«Todos los golpes de Estado son siempre inconstitucionales. Un golpe de Estado no vale la pena demostrar su inconstitucionalidad», ha subrayado Serra, por lo que cree que nunca se debería haber aplicado el 155.

Elecciones

Cs, PSC y PP, partidarios de la aplicación del 155 tras la proclamación de la independencia, han defendido la medida en tanto que se ha «ceñido» a disolver el Parlament y el Govern, y convocar elecciones.

El portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ha considerado que el análisis del 155 de este miércoles se debería haber pospuesto hasta la constitución del nuevo Parlament, «pero se ha querido abusar nuevamente de la mayoría» independentista de la cámara saliente.

Carrizosa ha recordado que el miembro del CGE Carles Jaume emitió un voto particular defendiendo la disolución del Govern y que eso corrobora que «no se podía confiar en que se regresara al orden constitucional: el cese era necesario para la aplicación correcta del 155 y Cs ha ganado las elecciones denunciando todo lo que ha hecho el Govern saliente».

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha repasado todas las medidas independentistas que se han aprobado unilateralmente en el Parlament a lo largo de la legislatura, y ha recordado que los socialistas catalanes siempre han rechazado tanto la declaración de independencia como el 155, lamentando que finalmente se hayan producido ambas cosas.

Ha señalado que el 155 se acabará con el nombramiento de un nuevo presidente y un nuevo Ejecutivo «si ajustan su actuación a la legalidad vigente», y ha celebrado que los independentistas propongan recurrir al TC porque, a su juicio, eso significa que reconocen la autoridad del tribunal.

El portavoz del PP, Alejandro Fernández, ha coincidido con Iceta en este punto: «No estoy de acuerdo, pero celebro que se proponga el recurso porque es reconocer implícitamente la legitimidad el TC». Ahora bien, ha señalado que el reconocimiento de esa legitimidad es «bipolar porque el TC despierta un entusiasmo febril cuando da la razón, y, cuando no la da, las pataletas son históricas».