El Ayuntamiento espera que la Dirección de Trabajo resuelva cuanto antes el expediente abierto para poder así activar las contrataciones del programa de Corporaciones

23/01/18


La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador, ha subrayado hoy que el Ayuntamiento de Santander espera que la Dirección General de Trabajo valide la gestión que el Ayuntamiento de Santander ha realizado del programa de Corporaciones locales y exonere al Consistorio de cualquier responsabilidad, para que se puedan reactivar así las contrataciones de las 131 personas del programa de 2017.
 
La responsable municipal ha respondido hoy, -en el marco de la Comisión de Economía previa al Pleno municipal de este jueves-, a las preguntas planteadas por los grupos políticos de la oposición, concretamente por PSOE, PRC, IU y el concejal no adscrito Antonio Mantecón.La edil ha reiterado que el Consistorio no renuncia a seguir realizando contrataciones del programa, “todo lo contrario”, ya que es su deseo, ha dicho, “seguir dando una oportunidad a muchos santanderinos en situación de desempleo de larga duración y a muchos jóvenes, para que puedan tener una experiencia, formación y empleo durante unos meses en nuestra ciudad”.
 
González Pescador ha contestado también a la pregunta planteada por la oposición sobre si el Ayuntamiento va a suplir con nuevas contrataciones esta falta de recursos laborales, y en este sentido, ha aclarado que este programa no cubre ningún recurso laboral del Ayuntamiento sino que se trata de una programa social de formación para la reinserción laboral de personas en desempleo.
 
Igualmente, la concejala ha dado cuenta sobre las inspecciones realizadas por el Servicio Cántabro de Empleo. “Como todos los años, desde hace 15, el Servicio Cántabro de Empleo ha comprobado e inspeccionado el programa de colaboración a total satisfacción, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos por las sucesivas órdenes”, ha recalcado.

González Pescador ha afirmado también que a la empresa Santurban no le consta la resolución definitiva por la Dirección general de Trabajo del expediente iniciado y ha trasladado a los grupos que existen algunas reclamaciones de trabajadores que se han beneficiado del programa, aunque no hay un dato definitivo.

La edil ha lamentado la versión y los hechos que se han manejado sobre este asunto “que facilitó unilateralmente el sindicato CCOO, ocultando que la impugnación del convenio colectivo que en su día planteó fue desestimada por el Juzgado social número 4”.

La concejala ha remarcado que de momento no existe ninguna resolución sancionadora y ha insistido en el compromiso del equipo de Gobierno con la formación e integración de los desempleados “como una prioridad que debe llevarse a cabo con la colaboración institucional de todas las administraciones y de todos los agentes sociales”.

Por eso, ha hecho un llamamiento a todos los representantes municipales “para apelar a la responsabilidad de la Consejería de Empleo del Gobierno de Cantabria, de la que dependen la Dirección General de Trabajo que ha de resolver el expediente, y el Servicio Cántabro de Empleo, que siempre, también en 2017, ha certificado el cumplimiento de los objetivos del programa”.
 
Tarifas 2018 aparcamientos y taxis
 
Al margen de este asunto, la Comisión de Economía ha aprobado las nuevas tarifas de aplicación en los aparcamientos subterráneos de la ciudad y en los taxis para 2018, que se revisan conforme al IPC, en el caso de los parkings, y de acuerdo al coeficiente de encarecimiento de costes, en el servicio de taxi.
Las tarifas, aprobadas la semana pasada en la Junta local de precios, se someterán a la consideración del pleno en su próxima sesión.
 
González Pescador ha recordado que los precios de los aparcamientos subterráneos subirán este año un 1,5 por ciento, pasando el precio por minuto de 2,63 a 2,67 céntimos, y la tarifa de día completo de 15,80 a 16,04 euros. Por lo que respecta al suplemento por pérdida de ticket, se mantiene sin cambios, en 1,5 euros.
 
En el  caso de los taxis, se aplica un coeficiente general del 0,79 por ciento sobre las tarifas vigentes, calculado a partir de las estimaciones que realiza el INE del encarecimiento de los distintos costes asociados a la prestación del servicio (personal, amortización, seguros, reparación, combustible…).