Silva defiende una ley de Autoridad del Profesorado y la Convivencia Escolar, basada en un modelo pedagógico y que actúa desde un enfoque preventivo y educativo

Ha insistido en la necesidad de reforzar al máximo nivel la legitimidad de la tarea docente y para ello es necesario "reconocer su autoridad" que se logra "reconociendo la profesión y su autoridad" como "garantía de convivencia".

Estos son los principales rasgos de esta norma, según ha destacado el titular del área, Sergio Silva, en su defensa de esta norma legal al comparecer en la Comisión de Educación del Parlamento, donde ha señalado que esta ley es "conveniente para Cantabria por el momento y el contexto" y ha puesto en valor que cuente con el dictamen favorable del Consejo Escolar de Cantabria. 

Con esta iniciativa legislativa se cumple un importante compromiso electoral, ha afirmado, "cumpliendo con los docentes, garantizando un trato digno al profesorado considerando su ejercicio profesional, fortaleciendo un modelo de convivencia escolar con el profesorado como garante y promotor de la misma y mejorando la calidad de nuestro sistema educativo". Además, según ha señalado, en último lugar, cumple con el mandato del Parlamento de Cantabria y la proposición no de ley aprobada en 2025, por el que se instaba al Gobierno a llevar a la Cámara regional este proyecto de ley en 2026, una norma que comunidades como Madrid, Murcia, Castilla La Mancha o Castilla León-hasta un total de diez-ya poseen.

Sensación de desgaste

Entre las reflexiones que ha realizado sobre el papel de esta nueva norma se ha referido a su contribución a evitar la sensación de desgaste que sufre el colectivo en nuestro país, si queremos que Cantabria siga teniendo una buena convivencia hemos de cuidarla y esta ley va en esa dirección. "Ahora es nuestro momento la comunidad docente no entendería que esta norma no se apruebe", ha remarcado. 

La preservación de la convivencia no es no hacer nada, es ser proactivo y tomar decisiones para proteger, huyendo de buenismos vacíos y autoritarismos, ha manifestado, al tiempo que, ha apostado por una norma "sensata" que "ofrece recursos para gestionar los conflictos con eficacia".

Silva ha contextualizado esta ley en el momento actual que atraviesa la educación en comunidades como Madrid, Valencia o Cataluña. Tal y como ha señalado, la profesión docente cada vez es más compleja debido a aspectos tales como la realidad del aula o el incremento de tareas docentes, que convierten a la escuela en una "caja de resonancia de la sociedad", que, inevitablemente, refleja las tensiones y las transformaciones que sufre la sociedad y que, por ello, "requieren que el papel del profesorado sea comprendido y valorado".

Además, se ha referido a la diversidad de las aulas, con cada vez más alumnado inmigrante y de distintos perfiles, más diagnósticos de patologías como las altas capacidades, que ha experimentado un incremento del 272%; menor maduración y una mayor externalización de la crianza, con la delegación de esta tarea en la escuela. "Todo esto llega a la escuela, que es la última institución universal y obligatoria por la que pasa toda la población", ha insistido. 

Mención aparte merece la salud mental, ha señalado, catalizada por el COVID, "aunque aún no seamos conscientes de cómo ha impactado entre nuestros jóvenes" o las redes sociales que están cambiando el modo de relacionarse, modificando los paradigmas de las relaciones sociales y relegando el contacto físico y la realidad en favor del mundo virtual. En su opinión, todo esto lleva a unos docentes, cada vez, más desmotivados y desgastados, un sentimiento que cunde en los claustros, algo que se contrapone de forma paradójica al resultado de estudios como TALIS, que  reflejan cifras del 95% del profesorado en 55 países de la OCDE, que se muestra contento de enseñar, pero arrojan un aumento del absentismo alcanzando cotas del 31%. Tal y como ha asegurado, no se trata únicamente de remunerar esta profesión, sino de valorar y prestigiar una función clave para cualquier sociedad democrática. "La sociedad actual es más compleja y por ende la escuela lo es también", ha matizado.

A la escuela se la pide más, al docente se le pide más y se le valora menos, o la menos él así lo percibe, lo que conduce inexorablemente al desgaste, ha apuntado, por ello ha apostado para resolver esta encrucijada por más formación, especialmente después de una reforma del currículo que lleva cinco años de retraso para regular la profesión docente incumpliendo la propia LOE. A lo que ha sumado una mayor vocación y afecto por el alumno y respeto a la tarea docente reconociendo la importancia de esta profesión, así como el respaldo a su acción y el reconocimiento de su autoridad. 

Legitimidad de la tarea docente

En este sentido, ha defendido la necesidad de reforzar al "máximo" el nivel la legitimidad de la tarea docente, reconociendo su autoridad. Así, ha recordado que entre 2011 y 2015 ya se debatió una Ley de Autoridad con una autoridad moral basada en la sabiduría y el respeto moral y un poder legal inherente al cargo, un debate que ha considerado "superado" desde el momento en el que la LOE recoge esa condición. Hoy el debate se centra en la autoridad docente/pedagógica como garantía de convivencia con dos realidades complementarias, De igual modo, la nueva norma legal impulsada por el Ejecutivo cántabro recoge un concepto de educación en la que prima la promoción de la educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos. "No hablamos de autoridad como privilegio corporativo que refuerza jerarquías, sino como condición que facilitar el aprendizaje en un clima adecuado", ha afirmado, que ha defendido una autoridad como "garante de la convivencia y por tanto del aprendizaje".

Por tanto, según ha señalado, esta ley coloca al docente como eje de ese clima de convivencia en positivo, centrado en el bienestar y buen trato al alumno y a todos los miembros de la comunidad educativa como "garante y promotor de la convivencia".

Tras realizar un análisis de la estructura formal de la ley el titular de Educación ha subrayado que la convivencia en Cantabria es buena, con una ratio de conflictos de convivencia inferior al 0,5%, centrados principalmente en la ESO, menos tiempo de clase perdido por interrupciones y la percepción de clima escolar con puntuaciones que rondan el 7,4 y 7,8 sobre 10. El propio informe TALIS sitúa la disrupción en las aulas de Cantabria por debajo de la media española, un posicionamiento que la coloca como la mejor de entre todas las comunidades autónomas con muestra ampliada.

De igual forma, este nuevo marco legal se centra en el ámbito preventivo con el fin de garantizar un clima de bienestar que evite conductas contrarias a la buena convivencia a través de acciones inclusivas, acciones que fomenten valores y acciones de participación del alumnado. También tiene en consideración el ámbito disciplinario con la participación en las normas del centro y su conocimiento por toda la comunidad educativa, recogiendo unas consecuencias del incumplimiento que se sustentan en los derechos y deberes del alumnado. 

Por último, el consejero ha destacado en su comparecencia parlamentaria la nueva concepción del ámbito resolutivo y relacional a la hora de gestionar los conflictos, en la que se "huye de extremos: ni buenismo vacío, ni autoritarismo", ha incidido, abogando por primar la atención a las demandas de mejora de la comunidad educativa incluyendo aspectos como el cambio de grupo, la suspensión provisional de asistencia o el cómputo de plazos en función de los tiempos escolares, considerando los días lectivos, y que incluye aspectos que responden a una realidad social mediatizada por la relación digital que excede entornos educativos, a través de las tecnologías o la regulación explícita del  acoso escolar, incluyendo los medios electrónicos.