Cantabria defiende sus competencias en materia de protección de menores y reclama una financiación "más justa" en la Conferencia Sectorial de Infancia

Durante la reunión, la delegación de Cantabria ha reiterado su posición crítica respecto a este proyecto de Real Decreto Ley al entender que vulnera el reparto competencial establecido en la Constitución Española, atribuyendo al Estado funciones que corresponden a las comunidades autónomas, a las que no aporta financiación para su protección.

En coherencia con esta postura, Cantabria ha votado en contra del acto de la reunión extraordinaria de mayo y ha expresado su oposición al nuevo proyecto normativo, advirtiendo que se están analizando los cauces legales oportunos para salvaguardar las competencias autonómicas en materia de protección de menores.

En lo que se refiere a la distribución territorial de un crédito de 22 millones de euros para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, Cantabria ha votado a favor de la propuesta, al igual que el resto de comunidades autónomas, si bien ha insistido en la necesidad de garantizar una financiación "adecuada y estable" que cubra todos los costes derivados de la atención integral a estos menores, desde el momento de su llegada hasta su completa emancipación.

La Consejería de Inclusión Social defiende que, frente a desafíos "complejos" como la atención a la infancia migrante, "es imprescindible reforzar la cooperación institucional, pero siempre desde el respeto escrupuloso al marco competencial y con el compromiso de una financiación suficiente, justa y sostenida".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed, ha informado a los representantes de las comunidades autónomas que la próxima Conferencia Sectorial se celebrará a lo largo del próximo mes de julio.