Concluye el segundo trámite de audiencia e información pública del decreto que regulará la FP en Cantabria

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha informado de la finalización del plazo del segundo trámite conjunto de audiencia e información pública del proyecto de decreto por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional de los grados D y E en la comunidad autónoma de Cantabria.

Tal y como adelantó el consejero Sergio Silva durante el último Consejo de Formación Profesional de Cantabria, la Consejería de Educación abrió nuevamente este procedimiento el pasado 13 de julio, después de que el texto inicial tuviera que incorporar diversas modificaciones derivadas de la evolución del marco normativo estatal que regula estas enseñanzas.

Educación ha subrayado que la decisión de volver a someter el proyecto de decreto a información pública responde a los criterios de “seguridad jurídica, rigor, transparencia y participación” con los que viene trabajando la Consejería desde que se inició este proceso normativo y asegurar así que la futura regulación autonómica nazca “fruto de la participación” y esté “plenamente alineada” con la normativa básica estatal. 

“Se trata de una decisión que busca garantizar los derechos de los cántabros ante la cambiante política del Ministerio”, ha dicho Silva.   

Una vez concluido el plazo de este segundo trámite de audiencia, en el que únicamente se han recibido diez alegaciones del Partido Regionalista de Cantabria y dos del sindicato STEC, la Consejería analizará dichas aportaciones antes de continuar la tramitación administrativa de una norma que, tal y como ha recordado el consejero, “no se había tocado desde el año 2010 y pasará a convertirse en el principal instrumento de desarrollo autonómico de la nueva ordenación de la Formación Profesional en Cantabria”.

Alegaciones

En este sentido, la Consejería de Educación ha expresado su “sorpresa” al recibir estas alegaciones por parte del PRC y del STEC durante el segundo trámite de audiencia e información pública, puesto que estas dos formaciones no habían realizado ningún tipo de aportación durante la fase previa de elaboración de la norma. 

De hecho, las suyas han sido las únicas alegaciones recibidas en este segundo periodo, que serán analizadas al igual que se hizo con el resto de las aportaciones recibidas a lo largo del proceso de tramitación.

En este sentido, la Consejería de Educación ha señalado que algunas de las aportaciones presentadas por el PRC reflejan un “conocimiento parcial” del alcance de la actual norma elaborada por la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, la cual constituye una regulación integral de la Formación Profesional en Cantabria y cuenta con 162 artículos, frente a los 42 que contenía el anterior decreto, “intacto desde el año 2010 y que nunca llegó a desarrollarse durante los años de gobierno regionalista”. 

Silva ha valorado que el PRC “rectifique y se haya sumado, aunque sea en este segundo trámite de audiencia e información, a la política del Gobierno regional de regulación de la ordenación de la FP, algo que ni siquiera se había planteado hacer quien nos precedió en la Consejería”. 

El consejero ha añadido que, después de 16 años (actualmente está en vigor el Decreto 4/2010, de 28 de enero), “era más que necesario adaptar la normativa autonómica a la nueva regulación de la Formación Profesional” y ha explicado que, desde el año 2010, se han publicado dos reales decretos de ordenación de la FP a nivel estatal y dos leyes orgánicas, “sin que por ello hubiera habido ninguna adaptación autonómica”.

Con respecto a las dos peticiones del sindicato STEC, ha apuntado que “ninguna de ellas se corresponde con lo que un decreto autonómico debe incluir en su texto normativo, siendo ya los Reales Decretos de Título y las Órdenes autonómicas las que establecen el desarrollo curricular de las enseñanzas de Formación Profesional”.

Finalmente, Sergio Silva ha insistido en que el objetivo principal del decreto, en el que el Gobierno lleva trabajando desde hace dos años, es proporcionar estabilidad al sistema de Formación Profesional, ofrecer seguridad jurídica a centros, docentes y alumnado y adaptar la regulación autonómica al nuevo marco estatal, garantizando, al mismo tiempo, la máxima participación de todos los sectores implicados.