El PRC propone un modelo de atención itinerante para combatir el "urbanocentrismo" en la protección a las víctimas de violencia

Montes ha realizado esta propuesta tras analizar el Informe Anual en Materia de Violencia de Género en Cantabria, el cual refleja a su juicio "un excesivo centralismo" en el diseño de los recursos asistenciales que aconseja "avanzar hacia una cobertura más homogénea en todo el territorio de la Comunidad Autónoma".

En este sentido, ha puesto en valor las enmiendas incorporadas por el PRC a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma con el objetivo de acercar los servicios especializados a las mujeres que residen en municipios alejados de los principales núcleos urbanos.

"El informe refleja una realidad que desde el PRC advertimos hace tiempo y que supone una excesiva concentración de la atención en los entornos más urbanos, cuando la protección de las víctimas no puede depender del lugar de residencia", ha explicado.

Montes considera por ello "imprescindible" acercar los servicios especializados a las mujeres del medio rural, razón por la que el PRC consignó una partida en el presupuesto para impulsar servicios de atención itinerante y descentralizada y facilitar el desplazamiento de equipos especializados al territorio, con el fin de facilitar el acceso de las víctimas a los recursos asistenciales.

Asimismo, ha destacado la consignación de 20.000 euros para evaluar la brecha de género en el medio rural y analizar la dependencia económica de las mujeres en los sectores agrario y ganadero, en aras a diseñar políticas públicas adaptadas a las necesidades específicas de estos territorios.

La secretaria de Igualdad del PRC también ha advertido de la necesidad de adaptar los recursos a las nuevas formas de violencia contra las mujeres, especialmente aquellas que se producen a través del entorno digital.

Por ello, ha reclamado que los nuevos recursos itinerantes incorporen protocolos especializados frente a la ciberviolencia y el acoso en redes sociales y ha reivindicado programas de formación específica para los profesionales encargados de atender a las víctimas.

"Las administraciones deben ser capaces de responder a las nuevas manifestaciones de la violencia contra las mujeres y ofrecer una protección eficaz también en el ámbito digital", ha recalcado.

Por último, Vanesa Montes ha defendido la necesidad de complementar los datos de actividad recogidos en el informe con indicadores que permitan evaluar el impacto real de las políticas públicas y medir la eficacia de los recursos destinados a la recuperación integral de las víctimas.

A su juicio, para mejorar las políticas públicas "no solo es fundamental conocer el volumen de actuaciones realizadas, sino también el grado de autonomía y recuperación alcanzado por las mujeres atendidas".