El proyecto de decreto de la nueva Oficina Fiscal de Cantabria sale a información pública

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria ha publicado hoy la resolución por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el proyecto de decreto autonómico por el que se determina la estructura y organización de la Oficina Fiscal de Cantabria.

La responsable de la Consejería, Isabel Urrutia, ha valorado el paso dado por su departamento con este nuevo modelo organizativo para la Fiscalía, que ayudará a prestar un servicio público de mayor calidad y más adecuado a los tiempos actuales, y ha recordado que su creación era una petición "continuamente reiterada" por los distintos fiscales superiores de la comunidad en los últimos años.

De hecho, según ha afirmado, Cantabria era la única comunidad con competencias en materia de justicia que todavía no había regulado la estructura y organización de la Oficina Fiscal.

"La estructura que se crea con la Oficina Fiscal es imprescindible para reforzar la labor del Ministerio Fiscal en Cantabria y ganar en eficiencia y calidad", ha subrayado la consejera, quien ha puesto el acento en que este modelo organizativo a nivel regional "nace con planificación y consenso", a diferencia de la estructura judicial "impuesta" por el Ministerio en el caso de la transformación organizativa de la Ley de Eficiencia judicial.

Y es que, como ha informado Isabel Urrutia, el nuevo texto legal de la nueva Oficina Fiscal que sale ahora a información pública ha sido consensuado con la Fiscalía Superior de Cantabria y también se ha negociado con los sindicatos, dado que su implantación se articulará a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Tres áreas funcionales

El modelo organizativo de la estructura de la Oficina fiscal de Cantabria se fundamenta en tres áreas funcionales que apoyan a los ámbitos de actividad de la Fiscalía: el área de apoyo a jefatura, el área de soporte general y el área de apoyo procesal y a la investigación.

En concreto, la nueva oficina prevé la existencia de un nuevo puesto singularizado de coordinador de la Oficina fiscal que, bajo la dirección del fiscal superior, se encargará de forma prioritaria de los aspectos organizativos y de administración de la Fiscalía, así como de la dirección y gestión interna del personal. De esta manera, se descargará al fiscal superior de todas aquellas competencias de carácter administrativo que, conforme al Estatuto Orgánico, no son propias de la actuación del Ministerio Público.

Igualmente, se contempla un responsable de control de registro, estadística y calidad, que se encargará de garantizar y controlar la calidad y efectividad de los registros informáticos y la documentación y gestión de la información realizada por el personal de la Oficina fiscal en las aplicaciones de gestión procesal. Además, controlará la información, estadística y datos de gestión y pendencia de los asuntos de la Fiscalía, asumiendo las funciones de responsable del Sistema de Información del Ministerio Fiscal.

También se configura una secretaría personal del fiscal superior, que asistirá a la jefatura en las funciones administrativas y representativas propias del cargo y prestará su apoyo en la adecuada gestión de la agenda de trabajo.

El proyecto de reglamento abre la posibilidad de crear una unidad de apoyo al fiscal superior que desempeñará labores de apoyo y asistencia en materias de representación institucional y relaciones con los poderes públicos, estadística, informática, traducción de lenguas extranjeras, gestión de personal u otras que no sean de las que con arreglo al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tengan encomendadas los fiscales.

El futuro decreto autonómico incluye otras herramientas importantes como el protocolo de actuación y coordinación y al sistema de gestión de calidad, que pretenden ser de inestimable ayuda en el proceso de modernización de la Oficina fiscal en Cantabria.

Información pública

El proyecto de decreto se distribuye en dieciocho artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

Tal y como recoge el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en su edición de hoy, el texto completo del proyecto está disponible en las dependencias de la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo y en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria. 

El plazo de presentación de alegaciones o sugerencias será de 10 días, a contar desde mañana.

Cuando finalice el proceso de información pública, la norma continuará su tramitación en el seno del Gobierno cántabro para ser remitida también al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal para la obtención de los oportunos informes preceptivos.