Cultura y el ICAF firman el acuerdo que pone a disposición de las empresas culturales una financiación de 500.000 euros

El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha reafirmado hoy el compromiso de su departamento con el sector cultural cántabro, "especialmente castigado" por la crisis sanitaria del COVID y que desde hoy podrá acceder a una línea de financiación de 500.000 euros, gracias al acuerdo firmado entre la directora general de Acción Cultural, Gema Agudo, y el director gerente del ICAF, Jesús Bulnes.

Zuloaga ha asegurado que desde la Consejería y la Sociedad Regional de Cultura, Educación y Deporte "se va trabajar todo lo que sea necesario para que la cultura salga reforzada de esta crisis" y se ha mostrado convencido de que "este sector va a ayudar a la recuperación económica de la Comunidad Autónoma".

El acuerdo cerrado hoy, según ha recordado el vicepresidente, "es fruto del trabajo y la negociación del Consejo Cántabro de Cultura", y ha trasladado también su agradecimiento a la Consejería de Economía, cuya titular, María Sánchez, también ha asistido a la firma, y al ICAF por su disposición para poder poner en marcha esta línea de financiación que "sin duda, va a ser muy beneficiosa para Cantabria".

La línea ICAF-CULTURA-COVID19 está dotada con 500.000 euros y va destinada a pymes y autónomos del sector cultural, que podrán acceder a préstamos de entre 6.000 y 25.000 euros, con un plazo de 5 años, incluido 1 de carencia. En todo caso, el importe máximo de este préstamo no podrá superar el 25% de la facturación realizada en 2019.

Además, la Sociedad Regional de Cultural aportará al ICAF, en concepto de garantía, el 80% del principal de los créditos concedidos.

Los destinatarios son pymes o autónomos del sector cultural (teatro, danza, música, circo, magia, audiovisuales, libreros, editores, galeristas y artistas plásticos) cuyo domicilio social, establecimiento permanente o centro de dirección se encuentren en Cantabria, y que justifiquen su actividad desde, al menos, el ejercicio 2018.

En cuanto a los criterios, además de los normalmente exigidos por ICAF, se fija que no sean consideradas como "empresas en crisis" y deberán estar al corriente de pagos con las administraciones públicas. Tampoco podrán presentar morosidad bancaria o anotaciones de impagos en registros públicos y deberán justificar la capacidad de reembolso de la financiación garantizada.