Cantabria rechaza la propuesta realizada por el Gobierno central a la CRUE al margen de las comunidades autónomas

La consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria muestra su indignación ante el anuncio del Gobierno central de que ha tomado una decisión al margen de las comunidades autónomas sobre la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

“La aplicación de esta ley implica un sobrecoste para todas las universidades españolas, que no ha sido calculado adecuadamente por el Gobierno Central, y que ahora se pretende que sea asumido en gran parte por las comunidades autónomas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha reunido con la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para trasladarles su decisión de sufragar parte del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU.

En este sentido, sigue habiendo discrepancias, no solo con las comunidades autónomas, sino también con las universidades, en cuanto al número de profesores ayudantes doctores necesarios, así como con el modelo para financiar los mismos.

Con la finalidad de consensuar aspectos esenciales relativos a la implantación de la LOSU, el pasado 2 de febrero, se constituyó una comisión de trabajo, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, integrada por el propio Ministerio, una representación de las comunidades autónomas, representantes de la CRUE y de los sindicatos.

Durante tres sesiones del grupo de trabajo, se ha analizado por primera vez el impacto real de la LOSU, y se ha llegado a algunos acuerdos, entre los que figura el retraso de la entrada en vigor de las disposiciones transitorias séptima y decimosegunda de la LOSU.

En la última reunión, celebrada el 4 de marzo, todas las comunidades autónomas presentaron una propuesta de financiación de las plazas, que el Ministerio se comprometió a estudiar.

El consejero cántabro, Sergio Silva, ha comunicado que “hemos sabido por la prensa que nuestra propuesta ha sido rechazada y que el Gobierno central solo financiará dos tercios de las plazas de profesor ayudante doctor, necesarias para cumplir con la LOSU”.

“Es necesario tener en cuenta que, cuando el Ministerio habla de plazas, se refiere únicamente a cubrir el coste del contrato de los profesores ayudantes doctores, un contrato temporal de 6 años y, además, da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las comunidades autónomas”.

Por eso, el consejero ha rechazado el anuncio del Gobierno estatal y ha mostrado su disconformidad “por esta forma de actuar, debido al compromiso económico que implica para las comunidades autónomas medidas unilaterales adoptadas sin previo consenso”.

Por esto, ha reiterado Silva, “pedimos al Gobierno central que convoque urgentemente una reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, para que se acuerde un modelo de financiación justo, proporcional y posible, en el que puedan ser asumidas las consecuencias de la implantación de la LOSU, que debemos sufrir las comunidades autónomas”.