El Gobierno cántabro adjudica las ayudas a las entidades locales menores que crecen un 7,2 porciento

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en su edición de hoy, lunes, publica la resolución de la concesión de estas ayudas, que se han incrementado un 7,2 por ciento con respecto a lo destinado por el Ejecutivo regional al inicio de la legislatura, en 2023. 

En concreto, un total de 307 juntas vecinales y concejos recibirán este año el apoyo económico del Ejecutivo autonómico, una ayuda económica que se destina a financiar gastos corrientes originados en el mantenimiento de la organización administrativa y en la prestación de servicios a los vecinos.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha resaltado la importancia de estas ayudas para asegurar el funcionamiento de las juntas vecinales y concejos de Cantabria y, en consecuencia, "preservar la labor que realizan beneficio de los pueblos y vecinos". 

En este contexto, ha recordado que el presupuesto destinado a las entidades locales de Cantabria es el más alto en la historia de la comunidad, tanto en recursos y ayudas como a la partida destinada al fondo de cooperación local. "El Gobierno mantiene su compromiso con las mancomunidades, ayuntamientos y las entidades locales menores", ha subrayado.

Igualmente, Isabel Urrutia ha apuntado la última mejora introducida en las bases reguladoras de estas ayudas en el ámbito de la simplificación administrativa para que juntas vecinales y concejos abiertos "ahorren en tiempo y dinero" y accedan "más fácilmente" a las mismas. 

Y es que en la próxima convocatoria del Gobierno cántabro se reducirán los trámites y cargas administrativas en el sistema de concesión de las subvenciones. Esta nueva normativa autonómica se une a la aprobada para las ayudas a las mancomunidades con el mismo fin de agilizar los trámites, incrementar la seguridad jurídica y eliminar la presentación de documentos innecesarios.

Así, se eliminará la obligación de que las entidades locales menores justifiquen la liquidación del presupuesto a 31 de marzo del año siguiente al de la convocatoria, puesto que se trata de una obligación legal establecida en otras normas locales y nacionales. Además, se ha considerado que el cumplimiento de esta obligación no está necesariamente vinculada a la justificación de la subvención para gastos de funcionamiento. 

Frente a ello, a estas entidades se les exigirá únicamente una justificación del coste de la actividad subvencionada, esto es, de los gastos corrientes para su normal funcionamiento en el año de cada convocatoria.

Por otra parte, se exige el presupuesto definitivo publicado en el BOC, previsto ya en la normativa autonómica y presupuestaria estatal, y para optar a estas ayudas se considerará el presupuesto aprobado o el prorrogado para el ejercicio de la convocatoria.