El Parlamento aprueba la nueva Ley de Control Ambiental "que reduce trámites y carga burocrática sin renunciar a la máxima protección del medio ambiente"

El consejero del área, Roberto Media, ha defendido la nueva Ley como una norma "técnica, necesaria y garantista", que nace para ordenar, sistematizar y adaptar el marco autonómico de control ambiental al ordenamiento jurídico vigente, tras afirmar que la actual legislación, que data del año 2006, ha quedado "claramente desfasada" por las nuevas directivas europeas, las leyes estatales básicas y las reformas del procedimiento administrativo.

En este sentido, ha subrayado que se trata de una ley que "no es ideológica", sino de una herramienta para ofrecer mayor certeza jurídica, simplificación administrativa y reglas claras a la actividad productiva de Cantabria, al tiempo que garantiza la máxima protección del medio ambiente. "Este proyecto no enfrenta medio ambiente y desarrollo económico; los concilia y permite que puedan ir de la mano de forma equilibrada", ha afirmado.

Asimismo, ha explicado que uno de los principales objetivos de la norma es evitar que la regulación autonómica genere más burocracia o duplique trámites ya previstos en la legislación estatal, reduciendo y agilizando la carga administrativa que soportan ciudadanos y empresas en aquellas actividades sometidas a control ambiental. "Cantabria necesita normas claras, ágiles y una gestión eficiente", ha señalado, remarcando que la ley "no impone más control del necesario, sino mejor control, más inteligente y más ajustado a la realidad territorial y económica de nuestra comunidad".

Para el consejero, aprobar esta ley supone actualizar una norma esencial para Cantabria, dar seguridad jurídica a la Administración y al tejido productivo y aportar soluciones construidas "de la mano de todos los sectores económicos y sociales" consultados durante su elaboración. 

Según Media, todo ello permitirá que las actividades económicas necesarias para el progreso de la región puedan convivir "en armonía con la protección del medio ambiente".

Equilibrio entre la protección y el desarrollo económico

La nueva Ley de Control Ambiental tiene como principal objetivo alcanzar el máximo nivel de protección del medio ambiente mediante mecanismos "eficaces" para prevenir, minimizar, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos que puedan generar proyectos y actividades sobre el ecosistema. 

Asimismo, persigue simplificar los trámites administrativos en materia ambiental, garantizando una mayor celeridad y seguridad jurídica tanto para los promotores como para la Administración.

La norma establece además un sistema de control ambiental previo y de supervisión posterior de determinadas instalaciones y actividades para evitar o reducir la generación de residuos, las emisiones a la atmósfera y los vertidos al agua o al suelo. También busca impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, así como regular las actuaciones para la prevención y restauración de la legalidad ambiental y desarrollar instrumentos que faciliten la participación social y el acceso de los ciudadanos a la información ambiental.

Declaración responsable y tramitación "más clara y ágil"

El consejero ha asegurado que esta norma cuenta con novedades importantes que supondrán un cambio de modelo y "un giro de 180 grados" en la actual tramitación de autorizaciones medioambientales. Para ello, se establece un nuevo anexo en la ley que separa, "de forma muy clara", qué proyectos van a necesitar solo de una declaración responsable y cuales necesitarán autorización de comprobación ambiental.

En concreto, ha explicado que con la futura ley aquellos asuntos de "escasa relevancia ambiental" no requerirán del informe de comprobación ambiental que actualmente emite la Comisión de Control Ambiental, sino que será suficiente con una declaración ambiental responsable presentada por el interesado y el técnico competente "que redundará en menos trámites, menos plazos y más certidumbre".

En concreto, se evitarán meses de espera para la puesta en marcha de la actividad solicitada y al mismo tiempo se mantendrán todas las garantías medioambientales ya que, posteriormente, la administración comprobará que toda la documentación "esté en regla".   

"Si existe alguna irregularidad, se procederá a la inmediata clausura de su actividad y podrán ser sancionados tanto el promotor como el técnico responsable con multas de hasta 500.000€ y e inhabilitación de hasta 2 años", ha asegurado.

Por otro lado, el consejero ha explicado que, para proyectos "con alguna relevancia medioambiental", se sustituirá a la Comisión de Comprobación Ambiental por una autorización que emitirá directamente la Dirección General de Medioambiente.

De esta forma, será Medio Ambiente quien recabará todos los informes sectoriales necesarios, realizando la información pública y dando audiencia a los interesados. Además, esta autorización tendrá carácter preceptivo y vinculante y deberá preceder a cualquier actuación en materia urbanística.

Además, el nuevo texto recoge también que se puedan poner en marcha medidas provisionales urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una inmediata actuación de la administración ante un riesgo grave.

Vigilancia continuada y régimen sancionador:

"Todos estos cambios no tendrán ningún sentido si no hay una vigilancia continuada desde la administración para comprobar que no hay fraudes, y que se está cumpliendo con la ley", ha asegurado Media, quien ha afirmado que se pondrá "especial énfasis" en las actividades de inspección a través del Plan de Inspección de las Autorizaciones Ambientales Integradas y de los Programas de Inspección Ambiental Integrada. 

En materia sancionadora, la nueva Ley incorpora un régimen "claro y efectivo", que contempla la adopción de medidas cautelares e incluso la suspensión de la actividad en aquellos casos de incumplimientos flagrantes de la normativa. Asimismo, incrementa las cuantías de las sanciones más graves con el objetivo de reforzar la protección ambiental y garantizar el cumplimiento de la ley.

Las multas oscilarán desde los 200 euros para las infracciones leves hasta los 500.000 euros en el caso de las muy graves relacionadas con las autorizaciones de comprobación ambiental y las declaraciones ambientales responsables. Además, podrán alcanzar los 2.404.000 euros, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica estatal en materia de evaluación y autorización ambientales integrada.

Respaldo social y tramitación

El consejero ha recordado que el proyecto de Ley fue sometido a información pública, recibiendo únicamente siete alegaciones, de las que ninguna procedía ni la industria tradicional ni del sector primario, "que serán los más beneficiados con esta norma".

Además, ha explicado que el texto cuenta con el respaldo del Consejo Asesor de Cambio Climático, integrado por más de 70 entidades del ámbito económico, ambiental, empresarial, social, académico y ciudadano, y con el apoyo del tejido empresarial, que ha participado activamente en su elaboración.

En relación con la tramitación parlamentaria, ha agradecido al Grupo Regionalista el acuerdo alcanzado para incorporar enmiendas que, a su juicio, "mejoran el contenido de la Ley" y contribuyen a reforzar un texto que considera fundamental para Cantabria. Además, también ha puesto en valor el trabajo realizado por el equipo del exconsejero regionalista Guillermo Blanco por el trabajo iniciado sobre esta materia durante la anterior legislatura.

Por el contrario, ha criticado la posición mantenida por VOX y PSOE durante la tramitación. Sobre VOX, ha recordado que presentó una enmienda a la totalidad y que posteriormente no registró ninguna enmienda parcial, una actitud que ha atribuido a su voluntad de "oponerse a las políticas del Partido Popular" y de buscar "una derrota para el Gobierno, aunque eso sea malo para los cántabros".

Respecto al PSOE, ha lamentado que hayan tratado de retrasar la aprobación de la ley y ha cuestionado el contenido de las 36 enmiendas parciales presentadas, "un copia y pega" de la legislación europea y estatal ya vigente, que "no aportan nada, ni mejoran los procedimientos". 

"Lo importante es que esta Ley se apruebe con las medidas que introdujo el Gobierno de Buruaga", ha expresado, al tiempo que ha adelantado que "si los ciudadanos nos dan su confianza en 2027, eliminaremos de forma inmediata todas esas cuestiones superfluas que se han introducido y que nunca debieron incluirse".