El PSOE vota en contra de la Ley de Control Ambiental, que "hace aguas" al dejar fuera la Comisión de Comprobación Ambiental

El Grupo Socialista ha votado este lunes en el Pleno del Parlamento en contra de la Ley de Control Ambiental de Cantabria ya que, a pesar de que ha logrado que se incorporen buena parte de sus enmiendas, considera una línea roja la eliminación la Comisión de Comprobación Ambiental con la excusa de promover la agilidad de trámites. 

El portavoz parlamentario, Mario Iglesias, cree que el Gobierno del PP se equivoca al suprimir este órgano y que con ello la nueva norma "hace aguas", pues una Ley de Control Ambiental que afecta a espacios naturales "no puede centrarse solo en simplificar", y "aligerar procedimientos no puede implicar reducir el control y la protección".

Así, ha explicado que para la formación era fundamental contar con una comisión participada por diferentes administraciones públicas y por expertos para coordinarse a la hora de tomar medidas afectan a los espacios naturales, así como adoptar estrategias coordinadas y velar por que las decisiones no dependan únicamente de una entidad y se tomen en base a criterios técnicos.

En lo positivo, Iglesias ha subrayado que se han conseguido incorporar - gracias a que la suma de los votos de los socialistas y de los regionalistas superaron los 'noes' de los populares en la Comisión parlamentaria celebrada la semana pasada- una treintena de enmiendas con las que la ley recién aprobada es "más transparente y participativa y está dotada con mayores mecanismos de control".

En concreto, se han incluido 26 enmiendas del PSOE –de un total de 36 presentadas-, además de cuatro transaccionadas con el PRC y otra más transaccionada con PRC y PP. Como ha ensalzado el portavoz, gracias a ellas se ha mejorado el proyecto de ley que el Gobierno regional llevó inicialmente a la Cámara, incorporando principios como el de 'quien contamina, paga', medidas de transparencia, de participación pública y de seguimiento de suelos contaminados. Además, las enmiendas obligan al Gobierno a publicar informes y a rendir cuentas periódicamente ante el Parlamento.